{"id":1141,"date":"2018-12-06T16:59:00","date_gmt":"2018-12-06T21:59:00","guid":{"rendered":"http:\/\/test.boomerang.pe\/intercambio\/?p=1141"},"modified":"2024-04-20T17:19:58","modified_gmt":"2024-04-20T22:19:58","slug":"la-reforma-de-la-justicia-y-sus-urgencias","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/test.boomerang.pe\/intercambio\/2018\/12\/06\/la-reforma-de-la-justicia-y-sus-urgencias\/","title":{"rendered":"La reforma de la Justicia y sus urgencias"},"content":{"rendered":"
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Percepciones sobre la justicia<\/h4>\n\n\n\n

El reconocido Latinobar\u00f3metro, que compara percepciones ciudadanas sobre estado, democracia y expectativas econ\u00f3micas, da cuenta en su \u00faltima versi\u00f3n de 2017 del grado de confianza de la poblaci\u00f3n en el Poder Judicial en casi todos los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. La fuente recoge el promedio de las mediciones de los \u00faltimos veinte a\u00f1os. El Per\u00fa ocupa el pen\u00faltimo lugar en el cuadro. Solo en Paraguay la poblaci\u00f3n tiene mayor desconfianza que en nuestro pa\u00eds, respecto de la justicia. Mientras en Costa Rica el 43% de los encuestados conf\u00eda en sus jueces, en el Per\u00fa solo el 18% expresa esa confianza[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Una reciente encuesta de la consultora GFK, publicada en el diario La Rep\u00fablica el 30 de agosto de este a\u00f1o, ofrece resultados todav\u00eda m\u00e1s decepcionantes. Ante la pregunta: \u201c\u00bfUsted aprueba o desaprueba el desempe\u00f1o del Poder Judicial?\u201d, el 89% de los consultados expresa su desaprobaci\u00f3n y solo el 7% manifiesta aprobaci\u00f3n. Peor a\u00fan, frente a la interrogante: \u201c\u00bfUsted cree, en general, que el Poder Judicial act\u00faa con autonom\u00eda, bajo intereses personales o bajo intereses de partidos pol\u00edticos?\u201d, \u00fanicamente el 2% opina que act\u00faa con autonom\u00eda, en tanto el 38% cree que lo hace por intereses personales y el 51% por intereses de partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n

Pero aquello que muestran los estudios sobre percepciones no son sino manifestaciones de un agudo problema institucional que afecta la calidad de nuestra convivencia ciudadana, el modo en que nos situamos frente a nuestros derechos y deberes y, en definitiva, la noci\u00f3n de justicia que construimos en nuestra vida personal y social.<\/p>\n\n\n\n

El costo de no reformar<\/h4>\n\n\n\n

Debemos pues afrontar la necesidad de reformar una justicia poco cre\u00edble, en la que muy pocos conf\u00edan. Ya en otras oportunidades nos hemos ocupado de los costos que supone no hacerlo[2]<\/a>. M\u00e1s all\u00e1 del valor intr\u00ednseco que posee la justicia como valor social, es posible tambi\u00e9n aproximarse al costo de oportunidad, del que hablan los economistas, de permanecer impasibles ante un sistema de justicia tard\u00edo, imprevisible y penetrado por la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El costo directo de la corrupci\u00f3n representa, seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo, un 10% del presupuesto general de la Rep\u00fablica. Ello supone, en 2018, casi 16 mil millones de soles. Durante el minuto que el lector tarda en repasar este p\u00e1rrafo, alguien nos est\u00e1 robando a los peruanos unos 30 mil soles mediante el cohecho, la negociaci\u00f3n incompatible, la colusi\u00f3n, la concusi\u00f3n, el peculado y dem\u00e1s delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, y as\u00ed podr\u00e1 seguir sucediendo, indefinidamente, cada 60 segundos, si no hacemos algo para detener esa sangr\u00eda. De igual forma, la inseguridad ciudadana supuso en 2016, seg\u00fan el Banco Interamericano de Desarrollo, un costo equivalente al 3% del Producto Bruto Interno del pa\u00eds. Ello suma unos 20 mil millones de soles adicionales.<\/p>\n\n\n\n

Pero a\u00fan es posible mostrar m\u00e1s cifras. El Fondo Monetario Internacional afirma que el Per\u00fa podr\u00eda incrementar en un 5% la inversi\u00f3n privada si el sistema pudiese garantizar plenamente los derechos de propiedad. Ello supone una p\u00e9rdida de unos seis mil millones de soles cada a\u00f1o. \u00bfNo puede el sistema de justicia ser m\u00e1s eficiente en castigar el delito y garantizar la propiedad de personas y empresas? \u00bfCu\u00e1nto empleo, cu\u00e1ntas vacunas, cu\u00e1nto alimento, cu\u00e1ntas postas m\u00e9dicas, cu\u00e1ntos kil\u00f3metros de carreteras, cu\u00e1ntas escuelas podr\u00edamos ofrecer a los peruanos m\u00e1s humildes si no perdi\u00e9ramos esos montos?<\/p>\n\n\n

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La juramentaci\u00f3n de Pedro Ch\u00e1varry como nuevo Fiscal de la Naci\u00f3n en medio de la crisis de los CNM Audios, ha sido duramente criticada, y su labor seriamente cuestionada.<\/em><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Por mucho tiempo hemos desatendido la urgencia de reformar la justicia en el Per\u00fa. No obstante, un hito relevante fueron, en 2004, las propuestas de la Comisi\u00f3n Especial de Reforma Integral de la Administraci\u00f3n de Justicia (CERIAJUS), que propuso acciones indispensables para la mejora del sistema. Pero pese a algunos empe\u00f1os aislados, todav\u00eda subsisten graves problemas, como la provisionalidad de los jueces, la enorme carga procesal, la demora en los procesos judiciales, las limitaciones presupuestales y la ausencia de sanci\u00f3n respecto de las conductas de buena parte de los operadores de justicia[3]<\/a>. Sin embargo, no se hab\u00eda reconocido en los \u00faltimos a\u00f1os, hasta la emisi\u00f3n de los audios propalados por Idl Reporteros, que la corrupci\u00f3n es el problema m\u00e1s severo en la judicatura y el mayor de los obst\u00e1culos para una buena administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n

La urgencia de articular a los componentes del sistema<\/h4>\n\n\n\n

El pa\u00eds no solo requiere renovados instrumentos legales en el \u00e1mbito de la justicia. Necesita, sobre todo, pol\u00edticas nacionales en la materia, con metas, indicadores y responsabilidades claras. Sin ello, todo esfuerzo reformista ser\u00e1 pasajero, cuando no coartada para ocultar las inconsistencias del sistema y preparar nuevos zarpazos. Las pol\u00edticas requieren el concurso de todos los componentes del sistema, mediante un mecanismo eficiente de articulaci\u00f3n y de rendici\u00f3n de cuentas. Esta necesidad de coordinaci\u00f3n fue evadida por mucho tiempo bajo el parapeto de la autonom\u00eda que corresponde a cada una de las instituciones constitucionales que integran el sistema: Poder Judicial, Ministerio P\u00fablico, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia Nacional de la Magistratura.<\/p>\n\n\n\n

La demanda de coordinaci\u00f3n, formulada en su oportunidad por la CERIAJUS, solo fue atendida con la publicaci\u00f3n, el 27 de julio de 2016, de un anteproyecto de ley para la creaci\u00f3n del Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperaci\u00f3n, Coordinaci\u00f3n y Seguimiento de las Pol\u00edticas P\u00fablicas en materia de Justicia (Interjusticia). El Acuerdo Nacional por la Justicia hizo suya la propuesta. El Consejo de Ministros la aprob\u00f3 y el Presidente de la Rep\u00fablica la envi\u00f3 al Congreso en junio de 2017. El proyecto tiene dictamen favorable de las comisiones de Justicia y de Reforma del Estado, pero no lleg\u00f3 a\u00fan al Pleno.<\/p>\n\n\n\n

En base a la coordinaci\u00f3n ser\u00e1 posible el expediente electr\u00f3nico que vincule a la Polic\u00eda Nacional, al Ministerio P\u00fablico, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario. Con instituciones articuladas podremos crear M\u00f3dulos Integrados de Justicia donde act\u00faen en conjunto polic\u00edas, fiscales, defensores p\u00fablicos y jueces. Solo a trav\u00e9s del intercambio tendremos, al fin, una data com\u00fan en temas de presupuesto, calificaciones de jueces y fiscales, acceso a la justicia, distribuci\u00f3n del personal auxiliar, criminalidad, gesti\u00f3n de la carga procesal, todo ello indispensable para gestionar con \u00e9xito la impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n

Las propuestas presidenciales<\/h4>\n\n\n\n

Ante la crisis desatada en julio \u00faltimo por la emisi\u00f3n de audios que comprometen a magistrados, pol\u00edticos y empresarios, el Poder Ejecutivo ha planteado una serie de reformas. La m\u00e1s importante supone una modificaci\u00f3n constitucional (sometida a refer\u00e9ndum el 9 de diciembre). Como es sabido, ella busca variar la composici\u00f3n del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), instituci\u00f3n constitucional aut\u00f3noma a cargo de la designaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de jueces y fiscales. De aprobarse la propuesta, pasaremos de un modelo representativo -donde ten\u00edan asiento los elegidos por las universidades p\u00fablicas y privadas y los colegios profesionales, adem\u00e1s del Poder Judicial y el Ministerio P\u00fablico-, a otro donde las posiciones se alcanzar\u00e1n por concurso p\u00fablico. No est\u00e1n claras las ventajas del nuevo modelo respecto del anterior. La cuesti\u00f3n fundamental es garantizar un proceso de selecci\u00f3n objetivo y transparente, que privilegie la idoneidad personal sobre los requerimientos burocr\u00e1ticos, para acceder a la Junta Nacional de Justicia, nombre que adoptar\u00e1 el hasta ahora CNM.<\/p>\n\n\n\n

En adici\u00f3n a la reforma propuesta, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un conjunto de Proyectos de Ley que buscan incidir en la mejora de la justicia. Sin embargo, el proyecto de m\u00e1s relieve, desde nuestra perspectiva, es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este resulta compatible con la propuesta del Consejo Interjusticia, al que hemos aludido en el ep\u00edgrafe precedente. El aspecto m\u00e1s notable de la propuesta es que pone al Presidente de la Rep\u00fablica, en su condici\u00f3n de Jefe de Estado, al frente de los esfuerzos para reformar la justicia en el pa\u00eds. En verdad, aquel Consejo deber\u00e1 constituirse en el instrumento para vincular a los diferentes componentes del sistema de administraci\u00f3n de justicia para decidir y ejecutar pol\u00edticas p\u00fablicas en la materia.<\/p>\n\n\n

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El clamor hist\u00f3rico para hacer cambios en el sistema de justicia, que resuena a\u00fan con m\u00e1s \u00edmpetu en nuestros d\u00edas, parece finalmente haber sido escuchado. Pero ser\u00e1 necesario persistir en el empe\u00f1o. Una oportunidad para ello ser\u00e1 generar el espacio permanente donde se discutan, acuerden y ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas en el campo de la justicia. Ese \u00e1mbito puede ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ya referido. All\u00ed deber\u00e1n fijarse metas, plazos y responsabilidades, que vinculen a las instituciones con la expectativa ciudadana de una justicia c\u00e9lere, transparente y previsible. Que los temas contingentes no diluyan la necesidad de dar continuidad a la ansiada reforma.<\/p>\n\n\n\n

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[1]<\/a> Corporaci\u00f3n Latinobar\u00f3metro: Informe 2017<\/em>, p. 25. En www.latinobarometro.org\/LATDocs\/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf<\/a>
[2]<\/a> V\u00c1SQUEZ R\u00cdOS, Aldo (2018): La reforma del sistema de justicia y sus prioridades. IDEELE Revista N\u00b0 281. En https:\/\/revistaideele.com\/ideele\/content\/la-reforma-del-sistema-de-justicia-y-sus-prioridades<\/a>
[3]<\/a> GACETA JUR\u00cdDICA (2015): La Justicia en el Per\u00fa.<\/em> Lima, Gaceta Jur\u00eddica. En http:\/\/www.gacetajuridica.com.pe\/laley-adjuntos\/INFORME-LA-JUSTICIA-EN-EL-PERU.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

Verano 2018-2019<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Aldo V\u00e1squez R\u00edos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vicerrector Acad\u00e9mico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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